Seoul Gazette - México: oportunidad en riesgo

Durante años, la gran promesa económica de México pudo resumirse en una palabra importada: nearshoring. La reorganización de las cadenas de suministro, acelerada por la rivalidad entre Estados Unidos y China, parecía diseñada a la medida del país. México ofrecía proximidad geográfica al mayor mercado de consumo del mundo, acceso preferencial mediante el T-MEC, una extensa base manufacturera, experiencia exportadora y una fuerza laboral competitiva. Pocos países reunían tantas ventajas al mismo tiempo. La oportunidad sigue siendo extraordinaria.
Pero ya no puede evaluarse por el número de fábricas anunciadas, por el valor de las exportaciones o por los metros cuadrados de nuevos parques industriales. La pregunta decisiva es otra: cuánto de esa expansión se convierte en productividad, empresas mexicanas más fuertes, empleos formales, innovación propia y bienestar duradero. En ese terreno, la historia es mucho menos luminosa.

México corre el riesgo de consolidarse como una fábrica indispensable para Norteamérica sin convertirse, al mismo tiempo, en una nación industrial plenamente próspera. El problema no es que exporte demasiado, sino que una parte insuficiente del valor generado por el auge exportador se distribuye por el resto de la economía. La maquinaria avanza más rápido que las instituciones, la infraestructura y el tejido productivo nacional. Esa brecha está convirtiendo la mayor oportunidad del país en una fuente creciente de dependencia, desigualdad y frustración.

El récord que convive con el estancamiento
La paradoja aparece con claridad en las cifras más recientes. En 2025, México exportó mercancías por más de 664.800 millones de dólares, un máximo histórico y un aumento del 7,6 por ciento frente al año anterior. Más del 83 por ciento de esos envíos tuvo como destino Estados Unidos. Sin embargo, la economía mexicana apenas creció un 0,7 por ciento durante ese mismo año.

El contraste se volvió todavía más evidente al comenzar 2026. En el primer trimestre, la actividad económica se contrajo un 0,6 por ciento respecto a los tres meses anteriores y solo avanzó un 0,2 por ciento en términos anuales. A comienzos de julio, la previsión internacional de crecimiento para todo el año se redujo al 1,2 por ciento. México vende más al exterior que nunca, pero su economía interna continúa avanzando a una velocidad insuficiente para elevar de forma sostenida el nivel de vida de una población de más de 130 millones de habitantes.

Esta aparente contradicción tiene una explicación estructural. Las exportaciones contabilizan el valor total de los bienes que cruzan la frontera, aunque una parte de sus componentes, tecnología, patentes, servicios financieros, diseño y maquinaria proceda del extranjero. Una planta puede producir miles de vehículos, computadoras o equipos médicos en territorio mexicano y, aun así, dejar una fracción limitada del valor final en proveedores nacionales, centros de investigación locales y empresas de capital mexicano. La situación varía mucho entre sectores. La industria automotriz ha construido redes de proveedores relativamente profundas, mientras que segmentos como el equipo informático y electrónico dependen en mayor medida de componentes importados. En conjunto, México aporta una elevada proporción del empleo incorporado en sus exportaciones manufactureras, pero captura menos valor interno que Estados Unidos en los eslabones de mayor rentabilidad. El país ensambla, transforma y emplea; otros actores conservan con frecuencia la propiedad intelectual, el financiamiento, las marcas y una parte sustancial del margen.

Inversión récord, nuevas plantas limitadas
La inversión extranjera directa ofrece otra imagen engañosamente sencilla. Durante el primer trimestre de 2026 entraron 23.591 millones de dólares, una cifra récord para ese periodo. El dato confirma que México mantiene un enorme atractivo industrial. Sin embargo, 22.222 millones correspondieron a reinversión de utilidades de compañías que ya operaban en el país, mientras que las nuevas inversiones sumaron 1.705 millones.

La reinversión es una señal positiva: las empresas instaladas no están abandonando México y siguen encontrando razones para ampliar o sostener sus operaciones. Pero no equivale a una oleada de nuevos proyectos. El dato revela continuidad más que transformación. También sugiere que el entusiasmo global por la relocalización no se está materializando con la intensidad que prometían los anuncios iniciales. La inversión productiva total muestra una debilidad aún más preocupante. Su peso cayó del 24,8 por ciento del producto interno bruto en el tercer trimestre de 2024 al 22 por ciento un año después. La inversión privada retrocedió y la pública se contrajo con mayor fuerza. El Plan México aspira a superar el 25 por ciento en 2026 y el 28 por ciento en 2030, pero la distancia entre el objetivo y la realidad sigue siendo considerable.

Sin inversión suficiente no hay redes eléctricas, carreteras, puertos, vivienda, laboratorios, formación técnica ni proveedores capaces de acompañar la expansión industrial. Una economía puede recibir plantas de ensamblaje y, al mismo tiempo, perder la oportunidad de construir las capacidades que permiten diseñar los productos, fabricar sus componentes más complejos y desarrollar tecnología propia.

La productividad, el eslabón ausente
El centro del problema no es comercial, sino productivo. La productividad laboral volvió a disminuir en el primer trimestre de 2026 y su índice nacional se mantiene en niveles semejantes a los observados hace más de una década. Esto significa que la expansión exportadora no está elevando con suficiente rapidez el valor generado por cada hora trabajada en el conjunto de la economía. México cuenta con plantas que operan bajo estándares mundiales, pero muchas pequeñas y medianas empresas permanecen fuera de sus cadenas de suministro. Les faltan crédito, tecnología, certificaciones, personal especializado, escala y capacidad de gestión. A pocos kilómetros de una fábrica automatizada puede sobrevivir un negocio que funciona sin acceso estable a financiamiento, sin digitalización y con trabajadores informales. La excelencia de una isla industrial no se transmite de manera automática a su entorno.

El verdadero éxito del nearshoring no debería medirse solo por cuántas multinacionales llegan, sino por cuántas empresas mexicanas logran convertirse en proveedoras de primer y segundo nivel. Cada componente que hoy se importa y que podría producirse competitivamente en México representa una oportunidad para retener valor, formar talento y ampliar la base fiscal. Sin ese proceso, el país seguirá especializado en etapas intensivas en trabajo, mientras las funciones más rentables permanecen fuera.

La mejora social existe, pero es frágil
Afirmar que el modelo exportador no ha producido ningún avance sería falso. La pobreza multidimensional cayó al 29,6 por ciento de la población en 2024, su nivel más bajo de la serie reciente. El número de personas en esa situación bajó de 51,9 millones en 2018 a 38,5 millones en 2024. La pobreza extrema también descendió hasta el 5,3 por ciento. El aumento del salario mínimo, la mejora de los ingresos laborales y las transferencias sociales contribuyeron de forma decisiva.

La pobreza laboral volvió a reducirse en el primer trimestre de 2026 y alcanzó el 30,7 por ciento. Sin embargo, la informalidad laboral se mantuvo en el 54,8 por ciento. Más de la mitad de los trabajadores continúa en empleos sin la protección, la estabilidad o la cobertura asociadas a una relación formal. Salir de la pobreza estadística no significa haber alcanzado seguridad económica. Una enfermedad, una pérdida de ingresos o un aumento del coste de la vivienda pueden devolver rápidamente a millones de hogares a una situación de vulnerabilidad.

Esta es una de las contradicciones más profundas del auge industrial. Los empleos manufactureros formales suelen pagar mejor que muchas alternativas locales, pero no son suficientes para absorber a la población ocupada en la informalidad. Además, se concentran en determinadas regiones y requieren habilidades que no siempre ofrece el sistema educativo. El resultado es una economía que crea oportunidades valiosas, pero no las distribuye con la amplitud necesaria.

Un país cada vez más dividido por su geografía
El mapa del crecimiento industrial coincide con una parte específica de México. Los estados del norte y del Bajío, junto con algunos polos del centro y el occidente, concentran buena parte de las plantas automotrices, electrónicas, aeroespaciales y de dispositivos médicos. Allí, la cercanía con la frontera, la infraestructura logística y décadas de experiencia manufacturera facilitan nuevas inversiones.

Al mismo tiempo, numerosas regiones del sur continúan desconectadas de las cadenas de mayor valor. La distancia no es solo física. También es una brecha de educación, conectividad, seguridad, servicios públicos y acceso al capital. Si el nearshoring se limita a reforzar los corredores que ya eran competitivos, puede ampliar la desigualdad territorial en lugar de reducirla.

Incluso las zonas ganadoras empiezan a pagar el precio de su éxito. El crecimiento acelerado de ciudades industriales presiona los alquileres, la vivienda, el transporte, el suministro de agua y las redes eléctricas. Las empresas compiten por técnicos e ingenieros, mientras muchos trabajadores deben recorrer largas distancias desde periferias cada vez más caras. Una fábrica moderna pierde parte de su ventaja cuando sus empleados pasan horas en el tráfico o no encuentran una vivienda asequible cerca del lugar de trabajo.

Energía, agua y seguridad: los límites físicos
La relocalización industrial exige una infraestructura que México todavía no puede garantizar en todos los corredores estratégicos. La disponibilidad de electricidad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para nuevos proyectos. No basta con generar más energía; también se necesitan líneas de transmisión, subestaciones y conexiones capaces de llevarla hasta los parques industriales en el momento requerido.

El Gobierno ha anunciado una cartera eléctrica de más de 740.000 millones de pesos y la incorporación de 32 gigavatios de capacidad hacia 2030. Es una respuesta de gran escala, pero llega después de años en los que la demanda industrial avanzó más deprisa que la red. Además, alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica depende del gas natural y México importa de Estados Unidos cerca del 70 por ciento de ese combustible. La integración energética abarata costes, pero también crea una vulnerabilidad adicional ante conflictos comerciales, interrupciones o cambios regulatorios al norte de la frontera.

El agua impone otro límite. Varias de las regiones que reciben más inversión industrial padecen estrés hídrico y acuíferos sobreexplotados. Las empresas pueden mejorar su eficiencia, reutilizar agua y financiar infraestructura, pero no pueden sustituir una gestión pública integral de las cuencas. Sin planificación, la llegada de una planta puede ser percibida por las comunidades como una competencia por un recurso escaso, alimentando conflictos que terminan retrasando la propia inversión. A estos problemas se suman la saturación de cruces fronterizos, la inseguridad en las carreteras, el robo de mercancías y la extorsión. Para una gran multinacional, estos costes pueden ser absorbibles. Para una pequeña empresa mexicana, pueden determinar si entra o no en una cadena de suministro. La inseguridad funciona como un impuesto oculto que castiga con mayor dureza a quienes tienen menos recursos para protegerse.

El T-MEC ya no ofrece el mismo horizonte
La dependencia de Estados Unidos ha sido durante décadas la mayor ventaja de México y también su mayor exposición. El 1 de julio de 2026, Washington decidió no extender el T-MEC en su forma actual por otros dieciséis años. El tratado continúa vigente durante una década y será revisado anualmente, por lo que no existe una ruptura inmediata. Sin embargo, el horizonte de certidumbre se ha acortado.

Las próximas negociaciones estarán marcadas por las reglas de origen, el déficit comercial estadounidense, la presencia de insumos asiáticos y la presión política para trasladar más producción a Estados Unidos. Las barreras impuestas a automóviles, componentes, acero y aluminio ya han alterado los cálculos de inversión. La ventaja mexicana sigue siendo poderosa, pero dejó de ser incuestionable.

La decisión de Toyota, anunciada el 6 de julio, ilustra el nuevo escenario. La compañía invertirá 3.600 millones de dólares en una planta de Texas y trasladará allí, a partir de 2030, parte de la producción de la camioneta Tacoma realizada en Baja California. Mantendrá la fabricación del modelo en Guanajuato y ha reiterado su compromiso con sus operaciones mexicanas. No se trata de un éxodo industrial, pero sí de una advertencia: los aranceles, los incentivos y la incertidumbre pueden modificar la geografía de producción incluso dentro de una cadena profundamente integrada.

México no puede responder a este riesgo intentando competir únicamente con salarios más bajos. Estados Unidos puede ofrecer subsidios, energía, infraestructura, capital y un mercado más rico. La defensa sostenible consiste en hacer que la producción mexicana sea difícil de sustituir por su productividad, su red de proveedores, su talento y su capacidad tecnológica.

De ensamblar a crear valor
El diagnóstico oficial reconoce buena parte de estas debilidades. El Plan México busca elevar el contenido nacional, sustituir importaciones, formar técnicos, ampliar el financiamiento a pequeñas empresas y crear empleos especializados. También se ha anunciado un programa de inversión pública y privada por 5,6 billones de pesos hasta 2030, junto con medidas para simplificar autorizaciones y reducir los tiempos necesarios para concretar proyectos.

La dirección es correcta, pero el desafío está en la ejecución. Una estrategia industrial no puede reducirse a incentivos fiscales ni a una lista de sectores prioritarios. Requiere seleccionar proyectos con criterios transparentes, medir resultados, coordinar a los gobiernos estatales y municipales, asegurar competencia y evitar que los apoyos se conviertan en rentas permanentes para empresas sin capacidad de innovar. El cuello de botella más inmediato está en la proveeduría nacional. La banca de desarrollo y el sistema financiero deben ofrecer crédito de largo plazo, garantías y capital para modernización. Las grandes empresas pueden abrir sus procesos de compra y acompañar a proveedores potenciales en certificación, calidad y trazabilidad. Las compras públicas también pueden impulsar producción mexicana, siempre que premien el desempeño y no el proteccionismo improductivo.

La formación de talento constituye el otro gran frente. México necesita más técnicos en automatización, mantenimiento, electrónica, inteligencia artificial, logística y eficiencia energética, pero también gestores capaces de dirigir empresas medianas y llevarlas a mercados internacionales. La formación dual, los institutos tecnológicos y las universidades deben trabajar con los clústeres locales, no con programas desconectados de la demanda real.

La infraestructura, por su parte, debe entenderse como una política de productividad. Electricidad, agua, transporte público, vivienda, aduanas, puertos y carreteras forman parte del mismo sistema industrial. Construir una planta sin resolver la movilidad de sus trabajadores o la capacidad de la red eléctrica es trasladar el coste a la sociedad y posponer el problema.

Igualmente decisiva es la reducción de la incertidumbre. Las empresas pueden convivir con reglas exigentes, pero no con reglas cambiantes, permisos imprevisibles, extorsión o tribunales lentos. La certeza jurídica no es una concesión a los inversionistas; es una condición para que las empresas mexicanas, que no pueden diversificar riesgos entre varios países, se atrevan a invertir.

Por encima de todo, México necesita más capital intelectual propio. Patentes, diseño, software, ingeniería, marcas, investigación aplicada y servicios avanzados son los eslabones donde se concentra una parte creciente del valor. El país no debe abandonar el ensamblaje, que genera empleo y conocimiento, sino utilizarlo como plataforma para ascender dentro de la cadena.

La oportunidad no ha desaparecido
El nearshoring no se está convirtiendo en un problema porque lleguen demasiadas fábricas. Se convierte en un problema cuando el éxito exportador encubre una economía estancada, una informalidad persistente, infraestructuras saturadas y una dependencia excesiva de un solo mercado. También cuando las comunidades observan que los parques industriales prosperan mientras la vivienda, el agua, la seguridad y los servicios públicos se deterioran. México aún conserva ventajas que ningún competidor puede reproducir con facilidad. Comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, posee tres décadas de integración manufacturera, una amplia red de tratados y una población joven con experiencia industrial. Pero esas ventajas no son una garantía eterna. La política comercial estadounidense ha demostrado que la geografía puede ser compensada con aranceles, subsidios y presión política.

La prueba decisiva de esta etapa no será alcanzar otro récord de exportaciones. Será conseguir que una proporción mayor de cada dólar exportado se traduzca en salarios formales, proveedores nacionales, conocimiento, infraestructura y empresas mexicanas capaces de competir por sí mismas. Hecho en México deberá significar no solo ensamblado en México, sino también diseñado, financiado, investigado, abastecido y, cada vez más, poseído en México.

La mayor oportunidad económica del país sigue abierta, pero su ventana ya no es ilimitada. Si México utiliza la relocalización únicamente para producir más con la misma estructura, heredará más congestión, más dependencia y una prosperidad estrecha. Si la convierte en una política de productividad e integración nacional, podrá transformar un auge exportador en desarrollo. Esa diferencia determinará si el nearshoring termina siendo el gran salto de México o la promesa que el país dejó escapar mientras batía récords.