Seoul Gazette - Pensiones: Francia en crisis

El gobierno francés ha entrado de lleno en una crisis política y económica provocada por su sistema de pensiones. En octubre de 2025 el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció en la Asamblea Nacional la suspensión temporal de la reforma de 2023 que elevaba gradualmente la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y aumentaba el periodo de cotización hasta 43 años en 2027. El objetivo de Lecornu era salvar su mayoría y evitar nuevas mociones de censura, pero el precio de ese aplazamiento es alto: el gobierno calcula que la suspensión costará 400 millones de euros en 2026 y 1 800 millones de euros en 2027, un agujero adicional que la coalición pretende cubrir con nuevos impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios empresariales.

La reforma era la pieza central de la agenda de modernización del expresidente Emmanuel Macron. Fue aprobada en marzo de 2023 mediante el controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar leyes sin votación parlamentaria, tras semanas de paros y manifestaciones masivas que paralizaron servicios públicos y colapsaron el transporte. La modificación retrasaba la edad de jubilación, al tiempo que buscaba reforzar las pensiones más bajas. Dos años después, la renuncia del ejecutivo a aplicar la reforma hasta después de las elecciones presidenciales de 2027 revela la magnitud de las presiones políticas: ni la derecha nacionalista ni los partidos de izquierda aceptan elevar la edad de retiro, y los socialistas condicionaron su apoyo al gobierno a aplazar la medida.

El sistema francés se basa en el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores financian directamente las pensiones de los jubilados actuales. Esta solidaridad intergeneracional funciona sólo si el número de cotizantes y sus salarios bastan para cubrir las prestaciones. Francia gasta alrededor del 14 % de su producto interior bruto en pensiones, casi cuatro puntos más que Alemania y por encima de la media de la Unión Europea. Esta generosidad ha permitido que la pobreza entre los mayores se sitúe en torno al 3,6 %, frente a una media de 12,5 % en la OCDE, y que el pensionista medio cobre 1 626 euros brutos al mes, una cantidad que mantiene su nivel de vida cerca del de las personas en activo. Los jubilados franceses pasan en torno a 23,3 años retirados, la cifra más alta de los países desarrollados, gracias a una esperanza de vida que alcanza los 83,6 años. Mujeres y hombres disfrutan de largas jubilaciones y de pensiones que reemplazan una porción mayor de su salario previo que en la mayoría de los países europeos.

La contrapartida es que el Estado asume un peso creciente. El gasto público total roza el 57 % del PIB, el más alto del mundo desarrollado, y la deuda pública equivale al 113 % del PIB. Desde 1980 el país no logra un superávit presupuestario. La situación se ha deteriorado con una combinación de crecimiento lento, envejecimiento y demandas sociales elevadas. Para financiar el sistema, además de las cotizaciones, se recurre cada vez más a impuestos y transferencias, lo que desplaza recursos de otros servicios públicos. Algunos economistas señalan que las pensiones consumen más recursos que la educación primaria y secundaria juntas, y alertan de que la generación “baby boomer” se jubila en masa mientras la natalidad se estanca.

En febrero de 2025, la Cour des Comptes —el tribunal de cuentas francés— entregó al gobierno un informe demoledor. En él advierte de que el sistema tuvo en 2023 un pequeño superávit de 8 500 millones de euros gracias al efecto temporal de la inflación, pero que este equilibrio se revertirá rápidamente. La institución calcula que el déficit alcanzará 6 600 millones de euros en 2025 y se mantendrá en torno a ese nivel hasta 2030, cuando se haya implementado por completo la reforma de 2023. Después, el agujero crecerá a 15 000 millones en 2035 y casi 30 000 millones de euros en 2045 conforme aumente el número de pensionistas y el importe medio de sus prestaciones. Si no se adoptan nuevas medidas, la acumulación de déficits podría añadir 470 000 millones de euros a la deuda pública de aquí a 2045.

El informe subraya, además, que el sistema está fragmentado en múltiples regímenes con situaciones dispares. El régimen general y el de los trabajadores agrícolas concentran el 42 % de las pensiones y se encuentran financieramente frágiles. Las cajas de los funcionarios de ayuntamientos y hospitales ya tenían un déficit de 2 500 millones en 2023 debido al rápido deterioro de su ratio de cotizantes por jubilado. En contraste, algunos regímenes complementarios gestionados por los interlocutores sociales presentaban un superávit cercano a 9 900 millones, pero no compensan el desequilibrio global. La Cour des Comptes recuerda que el Estado contribuye con cerca de 45 000 millones de euros al año para financiar las jubilaciones de sus propios funcionarios, y que esa aportación no puede reducirse sin una reforma estructural.

Los auditores descartan la existencia de un “déficit oculto” porque cualquier desequilibrio acaba siendo absorbido por las cuentas públicas. Señalan que elevar la edad legal de jubilación a 65 años aportaría unos 17 700 millones de euros adicionales y tendría el mayor impacto positivo en el equilibrio financiero. También hacen hincapié en que mejoras moderadas de productividad o una bajada del desempleo no bastarían para cerrar la brecha; incluso con un crecimiento del 1 % de la productividad o una reducción del paro al 5 %, el déficit seguiría aumentando.

La raíz del problema es demográfica. A principios de siglo había 2,1 trabajadores por cada jubilado. En 2020 la ratio se redujo a 1,7 y se espera que caiga hasta 1,2 en 2070 debido al envejecimiento de la población y a la menor tasa de fecundidad, que se situó en 1,79 hijos por mujer en 2023. Francia cuenta actualmente con unos 17 millones de pensionistas y las proyecciones apuntan a que serán 23 millones en 2050. La combinación de vidas laborales relativamente cortas y jubilaciones largas crea tensiones en la solidaridad entre generaciones: las generaciones anteriores cotizaron menos y votaron para reducir la edad de retiro, pero ahora reciben pensiones mayores que el salario medio. Mientras tanto, el 16 % de los jóvenes de 18 a 29 años vive por debajo del umbral de pobreza y tiene dificultades para acceder a la vivienda, lo que alimenta el descontento social.

El aumento de la edad legal no garantiza que todos trabajen más tiempo. En Francia es posible jubilarse con una pensión completa a los 67 años aunque no se haya alcanzado el periodo de cotización requerido, y muchos se retiran antes gracias a regímenes especiales. La edad efectiva de jubilación es de 60,7 años, muy por debajo de la media de la OCDE (64,4), lo que acorta la etapa contributiva y amplía la carga sobre los activos. Además, la generosidad de las prestaciones y la protección de ciertos colectivos dificultan reformas profundas sin provocar un estallido social.

La cuestión de las pensiones se ha convertido en el epicentro de la crisis política francesa. Los intentos de reforma han sido recibidos con huelgas, protestas y enfrentamientos con la policía. Encuestas recientes muestran que dos tercios de la población apoya las manifestaciones y que la mayoría considera injustificado subir la edad de retiro. Los partidos de extrema derecha y de izquierda utilizan el tema para atacar al gobierno. La líder nacionalista Marine Le Pen ha prometido revertir la reforma si llega al poder, mientras que los socialistas exigen un impuesto del 2 % sobre fortunas superiores a 100 millones de euros. Sin embargo, los cálculos muestran que esa medida recaudaría unos 20 000 millones al año, apenas un pequeño alivio frente a un gasto anual en pensiones de alrededor de 388 000 millones de euros.

El propio Lecornu ha reconocido que el déficit público del país se sitúa en torno al 5,5 % del PIB, muy por encima del límite del 3 % fijado por la Unión Europea, y que la deuda podría llegar al 120 % del PIB en 2027 si no se corrige la trayectoria. Las agencias de calificación han degradado recientemente la nota soberana francesa y advierten de que el aumento de los tipos de interés encarecerá el servicio de la deuda, que se prevé consuma el 3 % del PIB en intereses hacia 2029. La suspensión de la reforma de las pensiones no sólo agrava el desequilibrio presupuestario sino que envía una señal de falta de voluntad para abordar reformas impopulares.

El debate sobre las pensiones en Francia gira en torno a una disyuntiva: reducir la generosidad de las prestaciones o aumentar la edad de jubilación y las cotizaciones. Mantener el statu quo conduciría a un endeudamiento explosivo que comprometería la capacidad del Estado para financiar educación, sanidad e infraestructuras. Por otro lado, los recortes inmediatos podrían erosionar la cohesión social y dar alas a los movimientos populistas. Algunos economistas proponen combinar varias medidas: indexar las pensiones por debajo de la inflación durante un periodo limitado, alargar gradualmente la vida laboral en función de la esperanza de vida y fomentar planes de ahorro complementarios. La Cour des Comptes recuerda que el aumento de la productividad no compensará por sí solo el envejecimiento y que la única manera de garantizar la sostenibilidad a largo plazo es trabajar más tiempo o cotizar más. Sea cual sea la solución, el caso francés se ha convertido en un aviso para Europa: incluso países con altas tasas de fertilidad y economías desarrolladas no pueden eludir las leyes de la demografía y las matemáticas financieras.