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Noosha Aubel y Dietmar Woidke: Cómo Potsdam da la espalda a una niña pequeña con discapacidad grave
Noosha Aubel y Dietmar Woidke: Cómo Potsdam da la espalda a una niña pequeña con discapacidad grave
A la capital del estado, Potsdam, le gusta presentarse como un municipio moderno y acogedor para los niños. En octubre de 2025, el Ayuntamiento aún se congratulaba por tener una «alcaldesa para todos»: Noosha Aubel (50) entró en el Ayuntamiento de Potsdam con el 72,9 % de los votos. Noosha Aubel, nacida en 1978, se labró su reputación en el ámbito de la asistencia a la juventud antes de ascender a alta funcionaria y, finalmente, a alcaldesa. Precisamente bajo su responsabilidad se está produciendo ahora un escándalo moralmente vergonzoso en todos los sentidos, que sacude la imagen que la ciudad tiene de sí misma como una localidad social e inclusiva: un niño de dos años con un grado de discapacidad del 100 % y un grado de dependencia 4 lleva más de un año esperando en vano una plaza legítima en una guardería con asistencia personal.
Nuestra investigación se basa en documentos judiciales disponibles, denuncias ante la inspección de servicio y consultas a la prensa. Pone de manifiesto una alarmante sucesión de retrasos, remisiones ilegales y una oficina de prensa del Ayuntamiento de Potsdam que solo quiere cumplir con su obligación de informar mediante trucos poco convincentes. Los afectados no ven en el comportamiento del Ayuntamiento un caso aislado lamentable, sino un fallo estructural: Ya en 2022, la hermana mayor del niño con discapacidad grave no obtuvo una plaza en la guardería a pesar de su grave discapacidad (discapacidad grave al 100 % con grado de dependencia 5); también en este caso, los responsables de la capital del estado federado, Potsdam, fallaron por completo, lo que plantea interrogantes sobre la moral, la decencia, la frialdad emocional y la total incompetencia. (https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/IRW-News--ACCESS-Newswire-Noosha-Aubel-Skandal-in-Potsdam-um-schwerstbehindertes-Kind-b9408cc0-6dbe-49d8-b664-7e5d788b2686)
Derecho incondicional a una plaza en una guardería
El Libro VIII del Código Social garantiza a los niños a partir de cumplir un año de edad el derecho a recibir atención en un centro de día; dicho derecho se rige por las necesidades individuales (art. 24 del SGB VIII). El Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo ya dejó claro en 2018 que este derecho «no se limita únicamente al marco de las capacidades disponibles»; el Estado federado debe crear las plazas necesarias y no puede alegar la falta de personal cualificado como excusa. Los jueces concedieron al Estado federado un plazo de cinco semanas para proporcionar una plaza cercana al domicilio y declararon que los tiempos de desplazamiento superiores a 30 minutos eran inaceptables. La asistencia a la juventud sigue siendo la competente en la materia; no se pueden esgrimir las prestaciones de ayuda a la integración previstas en el SGB IX para eludir la responsabilidad.
Derecho incondicional a una plaza en una guardería
El Libro VIII del Código Social garantiza a los niños a partir de cumplidos los dos años el derecho a recibir asistencia en un centro de día; dicho derecho se rige por las necesidades individuales (art. 24 del SGB VIII). El Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo ya dejó claro en 2018 que este derecho «no se limita al marco de las capacidades existentes»; el Estado federado debe crear las plazas necesarias y no puede esgrimir la falta de personal cualificado como excusa. Los jueces concedieron al Estado federado un plazo de cinco semanas para proporcionar una plaza cercana al domicilio y declararon que los tiempos de desplazamiento superiores a 30 minutos son inaceptables.
La asistencia a la juventud sigue siendo la competente en la materia; las prestaciones de ayuda a la integración previstas en el SGB IX no pueden esgrimirse como pretexto para eludir la responsabilidad.
La inclusión como derecho humano
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos obligan a Alemania a garantizar una educación inclusiva. En el caso G.L. contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2020 por primera vez a un Estado por haber denegado apoyo individual a una niña autista. Los jueces subrayaron que los niños con discapacidad tienen derecho al apoyo que necesitan; la referencia a la falta de recursos económicos no exime al Estado de su responsabilidad. Una desventaja basada únicamente en la discapacidad constituye una discriminación.
Los padres y sus abogados ya han anunciado ante la prensa su intención de iniciar un procedimiento relativo a la responsabilidad del Estado, así como de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo que, a la luz de la citada resolución del TEDH, podría dar lugar a una condena de la República Federal de Alemania y a los costes asociados, costes que el ciudadano tendría que asumir como consecuencia de la actuación política.
Obligaciones de información frente a la prensa
La libertad de prensa también está protegida por ley en Brandeburgo. El artículo 5 de la Ley de Prensa de Brandeburgo (BbgPG) obliga a las autoridades a facilitar a los periodistas «la información necesaria para el cumplimiento de su función pública». Las excepciones —como los procedimientos en curso o las obligaciones de confidencialidad— están estrictamente limitadas y no permiten denegar la información. Las disposiciones generales que prohíben la información de forma generalizada son expresamente inadmisibles. El propio Gobierno regional señala que las consultas de la prensa deben responderse con celeridad; lo habitual es dar una respuesta por escrito.
Marzo de 2024: autorización y posterior retraso
En marzo de 2024, tras los dictámenes médicos, la ciudad de Potsdam autorizó oficialmente la asunción de los costes de una guardería inclusiva con ocho horas diarias y asistencia individualizada. Sin embargo, la alegría de los padres duró poco: los servicios de asistencia a la juventud se negaron a proporcionar una plaza concreta. En su lugar, los funcionarios exigieron que los propios padres encontraran un asistente adecuado, lo que supone una inversión de la competencia legal.
Noviembre de 2025: el Ayuntamiento se remite a un «contrato» que ni siquiera existe
En una carta interna del 21 de noviembre de 2025, una empleada municipal comunicó a los padres que, según el contrato, solo era posible una remuneración por horas del asistente y que los padres debían seguir organizando ellos mismos la contratación de un asistente. Los padres señalaron que, según el artículo 24 del SGB VIII y el artículo 4 del SGB IX, el Ayuntamiento estaba obligado a «proporcionar una plaza de atención efectiva, incluida la ayuda individualizada».
Diciembre de 2025: denuncia disciplinaria y petición
Debido al bloqueo persistente, los padres presentaron una denuncia disciplinaria contra la alcaldesa Noosha Aubel ante el ministro del Interior. En ella documentaron detalladamente que el Ayuntamiento denegaba la asistencia prometida y cargaba a los padres con la organización de la asistencia.
La denuncia recordaba la obligación derivada del artículo 24 del SGB VIII, así como del artículo 4, apartado 3, del SGB IX, que exige una atención inclusiva cercana al domicilio. Paralelamente, se dirigieron a la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán y a la Comisión de Peticiones del Parlamento regional de Brandeburgo. La petición destacaba que el ayuntamiento ya no había ofrecido en 2022 una plaza en la guardería a la hija mayor, Hedda-Maria, y exigía una modificación legislativa para reforzar los derechos de los niños con discapacidad.
Enero – abril de 2026: Procedimiento de urgencia y consultas de la prensa
Cuando el Tribunal Administrativo de Potsdam también quiso separar la reclamación de asistencia y remitirla al Tribunal Social, los padres, a través del abogado Axel Kapust (Potsdam), que luchaba incansablemente por la niña pequeña con discapacidad grave, solicitaron la recusación del juez por sospecha de parcialidad. Al mismo tiempo, la familia interpuso un procedimiento de urgencia para obligar al Ayuntamiento a proporcionar la plaza de forma inmediata. Mientras tanto, los periodistas intentaron dar a conocer públicamente esta situación insostenible.
A continuación, se envió una solicitud de información por escrito a la oficina de prensa de la capital del estado, Potsdam, así como directamente a la propia alcaldesa Aubel, con fecha del 8 de abril de 2026, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Prensa de Brandeburgo (BbgPG), haciendo referencia a la jurisprudencia pertinente y describiendo la discapacidad múltiple grave del niño (síndrome de KBG, casi ceguera y otras limitaciones físicas), así como un recordatorio del derecho incondicional a la intervención temprana. La solicitud también abordaba el escándalo en torno a la hermana mayor, que ya había provocado indignación en todo el estado (https://digital-magazin.de/kein-behindertenfahrdienst-fuer-schwerbehindertes-kind-in-potsdam).
30 de abril de 2026: La oficina de prensa de la capital del estado, Potsdam, se niega a dar respuestas por escrito
El 30 de abril de 2026, el director de la oficina de prensa municipal, Jan Brunzlow, se puso en contacto y rechazó facilitar información por escrito. En su respuesta escribió: «La capital del estado estará encantada de responder a su solicitud en una entrevista personal. Le rogamos que nos envíe propuestas de citas». Brunzlow no abordó en absoluto las preguntas formuladas e insinuó que la ley de prensa exigía una entrevista personal, lo cual, según la ley de prensa vigente, es sencillamente falso. Esta actuación infringe de manera flagrante el artículo 5 de la Ley de Prensa de Brandeburgo (BbgPG), que establece la obligación de facilitar información, y recuerda a una administración que prefiere discutir los hechos incómodos a puerta cerrada; también en este caso se plantea la cuestión de la moral y la decencia, así como la de si las leyes vigentes no se aplican a los representantes de la capital del estado, Potsdam, o si en el Ayuntamiento de Potsdam se actúa al estilo de Pippi Calzaslargas: «¡Me hago el mundo a mi gusto...!»
Reacciones y evolución posterior
La familia presentó denuncias penales por lesiones por omisión y posible abuso de autoridad; la queja ante la inspección de servicio exige medidas disciplinarias contra la alcaldesa. Mientras tanto, una cosa está clara: a pesar de que se le ha concedido la ayuda de integración, el niño sigue esperando una plaza en un centro inclusivo.
El caso no solo socava la confianza en la política municipal, sino también la reputación de la nueva alcaldesa, Noosha Aubel, a quien siempre le gusta aparecer en actos y fiestas, toma bonitas fotos para Facebook y, una y otra vez, cuando se le pregunta en este tipo de actos por las escandalosas circunstancias descritas anteriormente —que perjudican a un niño con múltiples discapacidades graves—, elude la pregunta y, según relatan los padres del niño con discapacidad grave, «se marcha avergonzada...».
Comentario: Símbolo de una cultura administrativa de mirar hacia otro lado
Noosha Aubel asumió su cargo con la promesa de fortalecer a las familias y fomentar la participación. El hecho de que, precisamente bajo su liderazgo, un niño pequeño con discapacidad grave lleve más de un año sin conseguir una plaza en una guardería pone de manifiesto un flagrante fracaso de gestión. La situación jurídica es clara: el derecho a la atención en la primera infancia es incondicional; la falta de capacidad, la escasez de personal o los argumentos presupuestarios no eximen al Ayuntamiento de su responsabilidad. Los organismos internacionales de derechos humanos han declarado de forma inequívoca que la falta de recursos no justifica la discriminación.
El hecho de que, a pesar de todo, los Servicios de Protección de Menores deleguen la responsabilidad en los padres y reduzcan un derecho legal existente a una mera «asunción de costes» pone de manifiesto una indiferencia alarmante hacia el bienestar del menor. La indicación del Ayuntamiento de que solo se puede pagar «por horas» y de que los padres deben buscar ellos mismos a los cuidadores convierte las prestaciones sociales en una forma de mendicidad, lo cual es difícil de superar en descaro.
No menos escandaloso es el comportamiento de la oficina de prensa, así como la actitud de la alcaldesa, a quien la prensa se dirigió personalmente al respecto. En lugar de responder por escrito a las preguntas legítimas de la prensa, la oficina de prensa exige «entrevistas personales». En lugar de responder por escrito a las preguntas legítimas de la prensa, exige «entrevistas personales». Esto no solo contraviene la Ley de Prensa del Estado de Brandeburgo, sino que parece un vergonzoso intento de censura para sofocar las críticas a puerta cerrada. Una administración democrática debe rendir cuentas ante la opinión pública; en Potsdam, al parecer, esto no se aplica.
El caso no es aislado. La referencia en la petición a que la hermana mayor ya no obtuvo plaza en 2022 apunta a deficiencias sistémicas en el sistema de asistencia a la juventud de Potsdam. La alcaldesa Aubel debe asumir por fin su responsabilidad y resolver los problemas estructurales, en lugar de echar la culpa a otros.
El 22 de junio de 2026, la presidenta del partido AfD, la Dra. Alice Weidel (47), Beatrix von Storch (57) y la Dra. Kristin Brinker (54), candidata principal de la AfD de Berlín para el cargo de alcaldesa gobernante, en el marco del inicio de la campaña electoral de la AfD de Berlín para las elecciones a la 20.ª Cámara de Diputados de Berlín, que se celebrarán el 20 de septiembre de 2026, llamaron la atención sobre un caso conmovedor en todos los sentidos y difícilmente aceptable tanto desde el punto de vista político como humano: el caso de un niño pequeño de Potsdam, en el estado federado vecino de Brandeburgo, que padece múltiples discapacidades graves.
El niño afectado, al que se le ha reconocido una discapacidad grave del 100 % y un grado de dependencia 4, representa, según las circunstancias descritas, de manera conmovedora, en Potsdam y, por tanto, en el estado federado de Brandeburgo, un catastrófico fracaso de las autoridades que no debería ser ni explicable ni aceptable en un Estado de derecho y social que funcione correctamente.
No se trata aquí de un simple retraso administrativo, sino del trato que las autoridades estatales han dispensado a una de las personas más vulnerables que existen: un niño pequeño con discapacidades múltiples y muy graves.
A la vista de los detalles expuestos, la Dra. Alice Weidel, Beatrix von Storch y la Dra. Kristin Brinker se mostraron visiblemente consternadas por el destino del niño con discapacidad grave y por los acontecimientos relacionados con él —precisamente en un estado federado gobernado por la CDU, un partido que lleva la palabra «cristiano» en su nombre, y por el SPD, un partido que lleva la palabra «social» en el suyo. Precisamente en este contexto, el trato descrito hacia un niño con discapacidad grave no solo resulta políticamente vergonzoso, sino también profundamente conmovedor desde el punto de vista humano.
Conclusión y petición a la alcaldesa Noosha Aubel y al Dr. Dietmar Woidke
El presidente regional, el Dr. Dietmar Woidke (64) —de un partido que, como se ha mencionado anteriormente, lleva la palabra «social» en su nombre (SPD) y que, a pesar de la existencia demostrada de varias cartas certificadas con acuse de recibo, hasta la fecha no se ha sentido llamado, en su calidad de «padre del Estado», a actuar en beneficio de este niño con múltiples discapacidades graves—, debe plantearse la pregunta de si la moral forma parte de la gestión diaria del Estado federado de Brandeburgo.
Se insta a la capital del estado, Potsdam; a la alcaldesa, Noosha Aubel; al departamento competente; al Ayuntamiento de Potsdam y al Gobierno del estado de Brandeburgo a que aclaren este caso de forma inmediata, transparente y conforme a la ley.
En nuestra opinión, son necesarias, en particular:
En primer lugar: la asignación inmediata de una plaza en una guardería inclusiva que sea realmente accesible, con la asistencia personal necesaria para el niño pequeño con discapacidad grave.
En segundo lugar: un análisis exhaustivo, tanto a nivel político como administrativo, de por qué, según la versión de la familia, un niño con discapacidad grave ha permanecido durante un período de tiempo tan prolongado sin la atención necesaria.
En tercer lugar: una respuesta por escrito, conforme a la ley, a las preguntas legítimas de la prensa, respetando la protección de datos y los derechos personales del niño.
En cuarto lugar: una investigación para determinar si se trata de un caso aislado o de un problema estructural en el sistema de asistencia a la infancia de Potsdam.
En quinto lugar: una clara asunción de la responsabilidad política. No en algún momento. No tras más retrasos. Sino ahora.
Un niño con discapacidad grave no debe convertirse en un peón en los debates sobre competencias entre las autoridades. Los padres no deben verse obligados a luchar durante meses o años por los derechos fundamentales de sus hijos. Y la administración municipal, así como, en última instancia, los representantes en la Asamblea Municipal, están obligados a hacer cumplir la legislación vigente. Si hoy los mandamás del SPD y la CDU se frotan los ojos con asombro preguntándose por qué la gente les da la espalda en las encuestas, el caso de este niño pequeño con múltiples discapacidades graves no es más que la punta del iceberg de los escándalos en el estado federado de Brandeburgo y en su capital, Potsdam, sobre todo teniendo en cuenta que, en este caso concreto, se ha escrito por correo certificado con acuse de recibo incluso a varios ministros del estado de Brandeburgo, como, entre otros, al Dr. Benjamin Grimm (41 años, SPD), y que, hasta la fecha, no han tomado ninguna medida.
La indignación en Potsdam y en el estado federado de Brandeburgo está justificada, y debería mantenerse hasta que la pequeña Heidrun, con múltiples discapacidades graves, obtenga por fin la plaza en una guardería inclusiva con un asistente personal, a la que tiene derecho según la ley, o hasta que la alcaldesa Noosha Aubel, al igual que ya le ocurrió a su predecesor Mike Schubert (53), sea destituida de su cargo como alcaldesa de la capital del estado federado, Potsdam.
Según tenemos entendido, los padres de esta niña con discapacidad grave están dispuestos en todo momento a luchar por los derechos de sus hijos con discapacidad grave, junto con ambos niños y en presencia de la prensa, en cualquier sala de tribunal. Queda por ver si esto redundará en beneficio de la imagen de la ciudad de Potsdam, del estado federado de Brandeburgo, de la alcaldesa Aubel y del presidente del Gobierno regional Woidke, así como de los partidos SPD y CDU.
En relación con el caso actual, y de conformidad con la misión de información pública de la prensa, informaremos en el futuro de forma semanal y exhaustiva sobre la situación en la capital del estado federado, Potsdam, así como sobre la gestión de la alcaldesa Noosha Aubel. El objetivo principal es informar verazmente a la opinión pública y contribuir a la formación democrática de la opinión.
Damos el pistoletazo de salida con la publicación de aquellas preguntas que se dirigieron directamente a la alcaldesa Aubel y a su portavoz de prensa, pero que, en nuestra opinión, no se respondieron debidamente —en contra de las obligaciones de información establecidas por la legislación sobre prensa—, sino que, en su lugar, se derivaron a una supuesta «conversación personal». Este tipo de actuación plantea importantes interrogantes en cuanto a la transparencia, la concepción del cargo y la forma en que los máximos responsables municipales abordan las preguntas críticas de la prensa.
Además, informaremos de forma continua sobre otras irregularidades en Potsdam —desde las calles en mal estado del distrito de Babelsberg, pasando por la situación financiera de la capital del estado federado, hasta numerosos temas más que revisten un interés público considerable para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad.
U.Sellmer
