Seoul Gazette - Gobierno de Panamá suspende libertades de reunión y movimiento en una provincia por protestas

La norma también deja temporalmente sin efecto las garantías constitucionales que impiden la violación del domicilio y el registro de comunicaciones personales, entre otras.

Las protestas contra el gobierno, iniciadas hace casi dos meses y que recrudecieron el jueves, han dejado un muerto, más de 50 detenidos y decenas de heridos, entre ellos policías, según las autoridades.

El gobierno "ha decidido declarar la emergencia y suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Bocas del Toro por el término de cinco días, a fin de restablecer la paz y el orden", anunció el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en conferencia de prensa.

"Esta medida la tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia, vandalismo, que pongan en peligro la propiedad y a las personas", agregó.

Orillac, que hizo el anuncio escoltado por todos los ministros de Mulino, dijo que el jueves "grupos violentos protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano".

Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminó algunos de sus beneficios.

Una ley restituyó la semana pasada los beneficios específicos de los bananeros, con el compromiso de que despejaran las rutas, pero otros grupos que se consideran afectados por la reforma siguen protestando y exigen la derogación de la nueva ley de pensiones.

Las protestas han provocado pérdidas millonarias y desabastecimiento en esa provincia turística y productora de bananos.

Con la suspensión de las garantías quedan prohibidas "las reuniones y demás temas que alteren el orden público, [pero] las personas pueden ir de su trabajo a su casa sin ningún problema", indicó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

El jueves, en la localidad de Changuinola, en Bocas del Toro, grupos de encapuchados saquearon comercios y quemaron parcialmente un estadio de béisbol con policías adentro, según las autoridades.

También causaron destrozos en la terminal de un pequeño aeropuerto y asaltaron una oficina y un almacén de Chiquita Brands, de acuerdo con la policía.

"Estos son actos delictivos, no son una protesta", pero el gobierno ha tenido en todo este tiempo un discurso "muy agresivo y sectario", pues se ha negado "a escuchar lo que piensan otros grupos", dijo a la AFP la politóloga Sabrina Bacal.

S.Yang--SG