Seoul Gazette - Buses se equipan contra la extorsión en Perú, a puertas de las presidenciales

En el distrito populoso de San Juan de Lurigancho, uno de los más afectados por el auge de la criminalidad, Zacarías López, de 58 años, inicia con miedo su jornada de trabajo al volante de un largo bus de asientos desgastados.

Por más de 15 horas recorre las avenidas polvorientas del este de la metrópolis, en cuyos muros se ven afiches de propaganda electoral.

En las presidenciales del domingo, la mayoría de los 35 candidatos promete contener la avanzada del crimen.

"Prometen y nunca cumplen. Hay gente que juega con nuestros sentimientos y a nosotros nos siguen baleando", dice López, quien teme "no regresar a casa con vida".

Al menos 75 choferes fueron asesinados en 2025, principalmente en Lima, según datos de la policía. La extorsión también amenaza a las escuelas privadas, a los pequeños comerciantes y a los grupos musicales.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000). Entre 2018 y 2025, las denuncias anuales por homicidios pasaron de 1.000 a 2.600, mientras que las de extorsión se multiplicaron por más de ocho, a 26.500.

La explosión de criminalidad coincide con la llegada de bandas criminales internacionales que compiten violentamente con las locales.

En este país de 34 millones de habitantes, donde el 70% de los empleados trabaja en la informalidad, la precariedad económica favorece el reclutamiento de jóvenes en estos grupos ilegales.

Ser chofer de bus en Perú se ha vuelto un oficio de alto riesgo.

Si las compañías se niegan a pagar las cuotas de dinero que exigen los extorsionadores, estos contratan sicarios para asesinar a los conductores, usualmente de noche y a veces en presencia de sus propios pasajeros.

- Bajo presión -

Frente a la inseguridad, las empresas de transporte han reforzado sus medidas de prevención con cámaras, geolocalización y presencia de policías, de uniforme y de civil.

En un depósito de la empresa Santa Catalina, donde trabaja López, un centro de videovigilancia se inauguró el miércoles para seguir en tiempo real a sus unidades, que ahora tienen botones de pánico.

Aunque algunos conductores los consideran insuficientes.

"Si el delincuente viene por detrás (...), no me va a dar tiempo ni para aplastar el botón", dice López, mientras él mismo cobra los pasajes a los pasajeros.

Los ciudadanos también siguen preocupados pese a estas medidas.

"No hay seguridad, en ningún sitio", dice Maruja Castillo, de 70 años, que tomó el autobús para ir al médico.

Una banderola con listones negros en memoria de uno de sus choferes, asesinado en marzo, cuelga en el depósito de Santa Catalina.

"Se han visto promesas que nunca se han cumplido, pero no perdemos las esperanzas de que un gobierno que entre mejore" la crisis de criminalidad, dice Eiffel Calla, de 38 años, jefe de seguridad de la empresa.

Muchos choferes han dejado la compañía por los frecuentes ataques.

La empresa, que en los últimos meses dice haber sido extorsionada por seis grupos criminales, busca a nuevos conductores a través de anuncios pegados en sus buses.

La mayoría de los candidatos a presidente promete recuperar la autoridad en la lucha contra el crimen.

Entre las propuestas más radicales figuran las recompensas a policías por abatir criminales, la reinstauración de la pena de muerte o la reclusión de criminales en cárceles en medio de la selva.

"Todos los candidatos van a decir lo que el pueblo quiere escuchar, pero de ahí a que lo cumplan (...) es otra cosa", dice la pasajera Victoria Pérez, de 49 años.

Aún no sabe por quién votará, al igual que un 16% de los peruanos, según la encuestadora Ipsos.

X.Ahn--SG