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Un juez pide a EEUU que permita a migrantes impugnar su expulsión a El Salvador / Foto: © AFP/Archivos
Un juez pide a EEUU que permita a migrantes impugnar su expulsión a El Salvador
Un juez federal dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump debe facilitar a migrantes venezolanos expulsados a El Salvador impugnar sus casos y le da "una semana" para decir cómo lo hará.
En marzo el presidente republicano invocó la Ley de enemigos extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para expulsar a migrantes venezolanos a una megaprisión de El Salvador.
Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización "terrorista" global por Washington.
Estas deportaciones desencadenaron una serie de demandas judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema.
Este miércoles el juez federal James Boasberg dictaminó que los migrantes expulsados a El Salvador deben tener acceso al habeas corpus, que garantiza el debido proceso.
"Se justifica aquí la reparación preliminar", escribe el magistrado.
"Se les debe permitir la oportunidad práctica de buscar el alivio por habeas corpus que se les negó previamente" como si nunca hubieran sido enviados a El Salvador, añade.
Si no se aplicara el habeas corpus "el gobierno podía arrebatar a cualquiera de la calle, entregarlo a un país extranjero y luego excluir" cualquier "acción correctiva", afirma el juez.
El magistrado no ordena a la administración que adopte medidas concretas, sino que le permite que presente "propuestas sobre las acciones apropiadas" que permitirían el habeas corpus.
En el auto, James Boasberg destaca que "ha salido a la luz evidencia significativa que indica que muchos de los que actualmente están sepultados en (la cárcel salvadoreña) Cecot no tienen conexión con la pandilla y, por lo tanto, languidecen en una prisión extranjera bajo acusaciones débiles, incluso frívolas".
Los abogados de varios de los expulsados acusan a la administración estadounidense de haber detenido a sus clientes por sus tatuajes.
El país centroamericano se prestó a encarcelar a los migrantes expulsados, en su mayoría en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a cambio de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
La Corte Suprema y varios tribunales federales han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de la Ley de enemigos extranjeros. Alegan que los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión ante las cortes.
T.Gil--SG
